Ley MAPE: los vacíos estructurales que el proyecto del Ejecutivo deja pendientes
El proyecto de ley MAPE presentado por el Ejecutivo al Congreso no resolvería los cuellos de botella de la actividad, según un análisis de CooperAcción sobre concesiones, comercialización y la Ley General de Minería.
El Ejecutivo envió al Congreso una propuesta de ley MAPE con el fin de regular la minería artesanal y de pequeña escala en el país. Sin embargo, de acuerdo con el análisis de José De Echave, investigador de CooperAcción, en el programa La Hora Verde, la iniciativa legislativa deja de lado aspectos estructurales clave como el acceso a concesiones, el control de las plantas de procesamiento y las cadenas comerciales que insertan el metal en mercados formales, todo en medio del próximo vencimiento del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO).
Concesiones y la brecha en las cifras oficiales
Uno de los principales problemas no resueltos por la norma planteada es el acceso al territorio. Según detalló De Echave con base en el documento Diez tesis para abordar el tema de la minería artesanal y en pequeña escala, en el Perú existen cerca de 23 millones de hectáreas concesionadas, pero menos de tres millones se usan de forma efectiva en operaciones mineras. A esto se suma que aproximadamente el 1 % de los titulares concentra más de la mitad de las concesiones vigentes, lo que bloquea caminos reales para la formalización.
El peso de la pequeña minería en la producción aurífera también creció frente a la gran minería. Mientras que hace dos décadas los cuatro principales productores concentraban cerca del 80 % del oro nacional, hoy representan apenas el 30 %. Al mismo tiempo, las cifras oficiales no cuadran: según datos del Ministerio de Energía y Minas citados por el investigador, en 2025 el país produjo cerca de 110 toneladas de oro, pero exportó alrededor de 210 toneladas. La brecha de 100 toneladas, valorizada en unos 15 mil millones de dólares a precios internacionales, evidencia el volumen de mineral que escapa a los registros oficiales.
Comercialización, fiscalización y la Ley General de Minería
El proyecto legal tampoco aborda a fondo los eslabones intermedios. De acuerdo con CooperAcción, el oro extraído al margen de la ley se blanquea a través de comercializadoras, empresas de fachada y plantas de beneficio. Muchas de estas plantas conservan la clasificación de pequeña minería pese a tener un fuerte músculo financiero, lo que les permite operar bajo estándares de supervisión y fiscalización más blandos que los de la mediana y gran minería.
| Indicador analizado | Cifra señalada por CooperAcción |
|---|---|
| Concesiones mineras en el país | Alrededor de 23 millones de hectáreas |
| Concesiones en uso efectivo | Menos de 3 millones de hectáreas |
| Concentración de concesiones | 1 % de titulares posee más del 50 % |
| Brecha producción vs. exportación 2025 | 100 toneladas (15 mil millones de dólares) |
| Presupuesto asignado a formalización | Alrededor de 14 millones de soles |
Frente a una actividad que mueve miles de millones, el presupuesto de la República en discusión apenas asignaba cerca de 14 millones de soles a la formalización minera: una billetera diminuta para un gigante que no para de crecer. De Echave advirtió además que legislar la pequeña minería por separado resulta insuficiente si no se revisa la Ley General de Minería de inicios de los noventa, la cual tiene casi 200 artículos y dedica apenas dos a la actividad artesanal y de pequeña escala.
Qué significa para el sector
Para la minería nacional, tramitar una ley MAPE que no resuelva la concentración de derechos ni la fiscalización sobre las plantas de beneficio deja abierta la puerta a un nuevo estancamiento. Si el Congreso no aprueba reformas de fondo antes de los plazos límite, el riesgo latente advertido por CooperAcción es que el proceso desemboque en una nueva prórroga del REINFO, postergando la regulación real y la trazabilidad del mineral en los mercados formales.
